El Mundo: 19/01/2015. Entrevista a Amparo Sampredro, alcaldesa de Rocafort (PSPV)

‘La Diputación no puede ser un contrapoder de la Generalitat’

  • ‘Lamento que los plenos sean desagradables; siento mucha vergüenza’

  • ‘El PP local administró durante años la política del miedo’

  • ‘Con el Plan Camps, belleza en 7 días, la Generalitat dio 1, 3 millones que no ha pagado’

Amparo Sampedro, 56 años, natural de Gandía, es licenciada en Filología Hispánica y Catalana, con estudios de Germánica. Funcionaria de la Diputación de Valencia desde hace 34 años, empezó a interesarse por la política en busca de respuestas: ¿por qué la expulsaron de clase de Formación del Espíritu Nacional al preguntar el significado de la democracia orgánica con la que definían España? ¿Por qué la profesora de COU decidió que estudiaran Historia Contemporánea de España con un libro en francés? Se le despertó la curiosidad y empezó a cuestionarse por qué pasaban las cosas, desde las manifestaciones en la Universidad a mediados de los setenta a la paliza que le dieron los grises a su compañera de piso, una militante comunista que participaba en un acto para legalizar la formación. Al Partido Socialista llegó en 1983, allá por la época en que emigró a Rocafort, donde fue concejal entre 1991 y 1995. Tras la experiencia, dejó la política municipal, pese a que su hija siempre ha visto razonable que dedique su tiempo a los demás: «me dibujaba siempre dentro de un globo y decía que su mamá hacía semáforos y parques. Yo no lo entendía, hasta que la profesora me explicó que, aunque no estaba nunca, ella me tenía siempre cogida». En 2007 volvió al municipalismo como cabeza de lista del PSOE en Rocafort: «debía hacer cosas para todo el mundo». Tras una legislatura en la oposición, en 2011 acabó con 16 años de gobierno popular y tomó la vara de mando dispuesta a desterrar la «política del miedo» e instaurar su máxima: «querer saber».

Parece que con el PP haya revivido en Rocafort su juventud en tiempos del franquismo…
El PP convirtió los derechos en favores y administró el miedo. Si los vecinos presentaban quejas se les marcaba. Si les veían hablando conmigo les llamaban al orden. Hicieron mucho daño a Rocafort en urbanismo, economía y selección de personal. Lo primero fue no revisar un Plan General de 1990. En lugar de hacer una nueva planificación se han multiplicado las zonas verdes y sólo hay dos jardineros municipales. En lugar de servicios e infraestructuras había parcheo. En economía, el concejal de Hacienda hacía los presupuestos pensando que le iba a tocar la lotería. Y luego no tocaba. Preveía 870.000 euros de ingresos por el ICIO y no llegaban a 40.000, como le advertían los técnicos. En personal, el Ayuntamiento se gastaba entre 750.000 y 800.000 euros en contratos a dedo. Teníamos tres habilitados nacionales en un municipio de 6.800 habitantes y ningún técnico de Administración general. Ahora nos dicen que la bolsa de trabajo social es ilegal, cuando ellos contrataban en fraude de ley.
Con este panorama, los plenos deben ser ‘moviditos’…
El ambiente de los plenos es muy desagradable. Lo lamento mucho y siento vergüenza porque el comportamiento del PP no se lo merece nadie, ni sus propios votantes. Carlota Navarro, que es vicepresidenta de la Diputación, tiene un serio problema de comportamiento público y monta siempre el número ante la cámara que graba el pleno. Este no es el salón de su casa y no puede faltar al respeto. En especial, ella y el ex concejal de Hacienda y Cultura, Alejandro Llácer, van a romper los plenos. El comportamiento del ex alcalde es excelente.
¿Qué ha cambiado en Rocafort con su llegada a la Alcaldía?
Lo primero que hice cuando llegué al Ayuntamiento fue abrir las dos puertas para que los vecinos tuvieran más facilidades a la hora de venir y hablar de lo que quieran. Los plenos, que antes eran a las 9.00 o las 11.00 para que nadie asistiera, son ahora a las 20.00 horas y se graban en vídeo para colgarlos en la web, pese a que el PP impedía grabarlos.
¿Qué ha hecho con todos esos trabajadores que dice que el PP ponía a dedo?
En el tema del personal, empezamos desde el primer día a abrir concursos públicos bajo el procedimiento de mérito, capacidad e igualdad de condiciones. El primero fue el de las profesoras de la Escoleta municipal, después vino el técnico y el trabajador social, y así sucesivamente. No prorrogamos los contratos en fraude de ley y se ha pagado a todos los trabajadores, que no tenían la culpa de que se les hubiera contratado mal. El técnico nos dijo que si seguíamos así sería una sangría para el Ayuntamiento, porque los trabajadores acudían al Tribunal Laboral y les daba la razón, como es lógico. Lo que hicimos entonces es reconocerlos como laborales indefinidos no fijos y seguir convocando concursos legalmente; si los trabajadores no se ganaban la plaza, se iban.
¿Cómo van de deuda?
Cuando entramos nos encontramos con 2.700.000 euros de deuda global. Con el Plan Camps, belleza en siete días, el Ayuntamiento del PP se puso a hacer obras como loco: 350.000 euros en la valla de un parque que no existe; 245.000 en cuatro columpios de Pocoyó… Se gastaron 1.300.000 euros que concedió la Generalitat, pero que ni pagó ni reconoció como deuda en ningún papel, según advirtió el interventor. En 2011 empezaron a llegar los proveedores a cobrar.
¿Qué hicieron entonces?
Frenamos los gastos superfluos y revisamos los contratos. El alcalde cobraba 4.000 euros al mes y tenía Visa, y los concejales del PP cobraban 1.000 euros más el aumento del IPC. En 2010 se lo bajaron a 895 euros. Nosotros liberamos a un concejal, que cobra 1.200 euros netos, y pagamos a los ediles de la oposición 50 euros por asistir a un pleno y 40 a una comisión informativa. El resto del equipo de gobierno no cobramos. Revisamos también los contratos y tarifas de los móviles y ajustamos los gastos a los ingresos. En Cultura pasamos de 145.000 euros anuales a 52.000, y de 80.000 en las fiestas mayores a 52.000 para las de todo el año. Y nadie se ha quejado porque la programación es mejor. Nos acogimos al primer plan de rescate del Gobierno con 1.400.000 euros y ya hemos salido. Pagamos un interés del 6%, que es como refinanciarle la deuda a la Generalitat, que nos debía ese dinero a nosotros.
Ya que habla de dinero, ¿es tan caro Rocafort para vivir?
El precio de la vivienda que tenía Rocafort era desorbitado y nos han etiquetado. Antes no encontrabas una vivienda por menos de 200.000 euros, una barbaridad, y los alquileres eran muy altos. Vivir hoy en Rocafort no es caro. Tenemos una de las presiones fiscales más bajas de la comarca, con una ponencia catastral de 1995. Aún hay gente que se queja del IBI, pero no entienden que lo que se grava es el suelo sobre el que se levanta la propiedad, y si tienes 3.000 metros cuadrados de vivienda pagas más que otro vecino que tenga un piso de 90 metros.
¿Han acabado con los excesos?
Lo hemos intentado, y en algunos casos las empresas concesionarias nos lo han puesto fácil porque eran conscientes de la aberración. Nos pasó cuando cerramos el centro de día, que costó 600.000 euros y 15.000 al mes de mantenimiento, con seis usuarios subvencionados a su vez por el Ayuntamiento. No nos pidieron el lucro cesante. También eliminamos el Rocabus, que dejaba 75.000 euros de déficit anual y no se utilizaba porque las rutas eran imposibles. El transporte público debe ser un sistema autonómico y requiere una red interurbana en el área metropolitana de Valencia.
¿Qué proyectos le quedan pendientes?
Acometer la revisión del Plan General, un trabajo titánico que necesita dos o tres años para analizar infraestructuras y servicios y rediseñar el Rocafort de los próximos 20 años.
Se le ve dispuesta a seguir…
El trabajo de estos ocho años, cuatro en la oposición, ha sido difícil. Este es un programa a medio plazo y estoy dispuesta a seguir, pero lo decidirá la asamblea de militantes.
¿Se ve gobernando con otras fuerzas de izquierda?
La fragmentación de la izquierda es evidente, ahora y siempre. Quisiera un mandato fuerte, sereno y prudente, no para mí, sino para los vecinos, pero ya sabemos lo de las distintas sensibilidades. El PP sólo tiene una.
Vamos que la veo pactando…
Lo importante es saber dónde estamos y qué podemos cambiar. Ser conscientes de que no somos poder legislativo y que los ayuntamientos están intervenidos por Hacienda; conocer nuestro espacio y sus límites. El 30 de diciembre de 2011 empezaron las imposiciones y aún no han dejado de llegar. Insisto, hay que conocer las leyes y entender lo que firmas, preguntar las veces que haga falta. Con personas dispuestas a aprender y reconocer sus errores no hay problema a la hora de trabajar. Si están dispuestos a querer saber y separan los intereses electoralistas y partidistas de los intereses de los vecinos, claro que se puede pactar.
¿Qué opina de la central de compras de la Diputación?
Este ayuntamiento, con una vicepresidenta de la Diputación, se gastó 500.000 euros en poner césped artificial al campo de fútbol, tres meses antes del plan provincial. Nos hemos acogido a veces. Teníamos un problema de sobreiluminación y, a finales de 2011, apagamos una de cada tres farolas. Después llegaron las leds y nos gastamos 200.000 euros con Sice para cambiar todo el alumbrado público. Era la opción más económica y la que más garantías nos daba, con cinco años de reposición de bombillas. Lo de las calderas no lo veía muy claro el ingeniero. Estudiamos la oportunidad de cambiar la del colegio, ya que la Generalitat no lo hace, pero con la central de compras nos costaba 40.000 euros, una barbaridad.
Su líder, Ximo Puig, apuesta por controlar las diputaciones…
El primer presidente de la Diputación en democracia, Manolo Girona, dijo que quería hacerla desaparecer, y ahí está. Como funcionaria de la Diputación, creo que debe ser un codo a codo con los ayuntamientos, no el ayuntamiento de ayuntamientos. Lo que no puede hacer es ser un contrapoder de la Generalitat; debe volcarse con los municipios pequeños y medianos, los que no tienen recursos humanos y técnicos. Hay que reestructurar sus funciones. Los hospitales, carreteras y teatros deben ser de la Generalitat. En lugar de tener una plaza de toros, un hospital y un teatro en la gran ciudad, la Diputación debe hacer cultura y sanidad en los pueblos.
El suyo, de nacimiento, es Gandía. ¿Qué opina del actual alcalde, Arturo Torró?
Este tipo de políticos mandan, no gobiernan. Gobernar es ajustar sensibilidades e intereses diversos, y eso no es lo que demuestra, por ejemplo, con sus declaraciones sobre el policía muerto en Madrid en el incidente del metro. A nivel político, Torró aprobó los presupuestos de 2014 sin hacer frente a sus obligaciones de deuda; si lo hubiera hecho yo, estaría esposada.
¿Gobernará Ximo Puig?
Lo veo gobernando. Tiene un gran conocimiento del municipalismo, hace pedagogía política y es honesto. Necesitamos una cura de humildad; insisto en el querer saber.
¿Usted sabe si estamos saliendo de la crisis?
En absoluto. La crisis energética es aún mayor. Para entregar alimentos a las personas más necesitadas deben estar precocinados, porque con la pobreza energética no se pueden hacer el potaje, sólo pueden calentarlo. Para 2015 pensamos en destinar más de 100.000 euros para ayudas sociales y 210.000 euros para la bolsa de empleo social.

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